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Responsabilidad por contaminación por hidrocarburos

Tesis de Maestría ante la Universidad del País Vasco

por Carolina García

I) Introducción:

1.1)Causas y consecuencias de la contaminación por hidrocarburos:

1.2) La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar:

1.3) Responsabilidad Internacional en el Derecho del Medio Ambiente:

1.3.1) Responsabilidad Internacional por acto ilícito en materia ambiental:

1.3.2) Responsabilidad Internacional por actos no prohibidos por el Derecho Internacional:

1.3.3) Relación de causalidad:

1.3.4) El daño ambiental:

 

El presente trabajo pretende, la descripción  del sistema  de responsabilidad aplicable a los daños producidos por la contaminación por hidrocarburos.

Se analizaran las diferentes vertientes del derecho, esto es, desde el punto de vista del Derecho Interno de los Estados, haciendo referencia a la República Argentina y a España, desde el punto de vista del Derecho Internacional, y del Derecho Comunitario.   

Los distintos sistemas de responsabilidad, poseen aspectos positivos, pero sin lugar a dudas, son muchas más sus carencias. Los diferentes bloques de normas, se encuentran en compartimentos muy estancos y ante tanta diversidad de convenios y leyes aplicables, en la práctica se produce una falta de coordinación,  que deriva en innumerable cantidad de  situaciones de injusticia  e indefensión, para quienes se ven afectados por los daños.

 

1.1)Causas y consecuencias de la contaminación por hidrocarburos:

Para poder reflexionar sobre la normativa para la atribución de la responsabilidad por daños, considero conveniente realizar una síntesis sobre la forma en la que se produce la contaminación y sobre algunas de las innumerables las consecuencias que  provoca la misma sobre el medio ambiente.

La contaminación marítima por hidrocarburos se puede producir durante las operaciones cotidianas de los buques, ya sea de forma accidental, esto es, rebalse de tanques, roturas de mangueras, de líneas, pérdidas de pequeñas cantidades del casco, errores personales durante maniobras; o de forma intencional, como los lastres sucios, el limpiado de tanques, sentinas, basura, aguas contaminadas.

También se produce ocasionalmente por siniestros, los cuales, a pesar de que resultan visualmente muy impactantes,  representan solo una mínima parte en proporción a la cantidad de contaminación causada por los  hidrocarburos.

En el agua, los hidrocarburos se esparcen rápidamente, debido a la existencia de una importante diferencia de densidades entre ambos líquidos, llegando a ocupar extensas áreas, y dificultando por lo tanto sus posibilidades de limpieza.

Se crea una capa de unos pocos micrones de espesor lo que imposibilita la interacción entre la flora y la fauna marina con la atmósfera, obstruyendo así el ciclo natural de vida.

Si las sustancias contaminantes alcanzan la costa, debido a la alta permeabilidad de la arena, los hidrocarburos pueden penetrar hacia el subsuelo contaminando las napas y dejando  rastros irreparables en los reservorios de agua dulce.

Anualmente se vierten al mar entre 3 y 4 millones de toneladas de petróleo.

 Sólo un 12%  de la contaminación marina por hidrocarburos procede  de los siniestros de petroleros, el resto se debe a operaciones rutinarias[1][1].

"Las actividades navales son responsables del 33% de los derrames de petróleo en el ambiente marino,  los accidentes de los buques petroleros sólo el 12%, y las instalaciones terrestres y descargas urbanas del 37%[2][2]".

 

Las actividades de exploración y explotación de los fondos marinos, constituyen una muy  importante fuente de contaminación.

"Se estima que 130.000 toneladas se vierten por año en el mar desde plataformas petrolíferas marinas. Se ha calculado que la pérdida y derrame crónico de petróleo asociado a su producción en el mar es de 100Kg. De vertido de crudo cada 1.000 toneladas extraídas[3][3]".

 

Un gran problema radica en lo que se debe hacer cuando las plataformas marinas quedan obsoletas. En general, las empresas multinacionales, están a favor de su hundimiento, sin tener en cuenta los daños ecológicos que  se pudieran ocasionar.

Otra importante causa  de contaminación, la constituyen los vertidos de desechos industriales, que llegan a poseer altas concentraciones de los derivados más peligrosos de los hidrocarburos.

 

1.2) La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar:

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, caracterizado por su falta de coacción sobre los Estados, y por la aplicación del Principio de Soberanía, nos encontramos con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La misma,  al dividir el mar en zonas, establece respecto de la zona de Alta Mar[4][4], el principio de libertad de los mares, por el cual ningún Estado puede adoptar normas unilateralmente, ni tomar medidas respecto de un buque extranjero en  esta zona[5][5].

Se establece también  la libertad de navegación, de tender cables y tuberías, de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, dentro de las cuales podríamos incluir a las Plataformas Petrolíferas Marinas del control de actividades, entre otras.

Como correlato de estas libertades y debido a la inexistencia de una autoridad supranacional que se encargue de la inspección de las actividades susceptibles de producir contaminaciones, nos encontramos incapaces de controlar y de aplicar un sistema de responsabilidad a quienes provoquen daños al medio ambiente, en Alta Mar.

Por lo cual, cabe concluir que esta Convención es insuficiente y no nos brinda ninguna solución efectiva.  

 

1.3) Responsabilidad Internacional en el Derecho del Medio Ambiente:

         Con el fin de alcanzar el objetivo pretendido por el presente trabajo, se  procede a la descripción del sistema de responsabilidad en el Derecho Internacional Ambiental en general, detallando su funcionamiento y los principales problemas para su aplicación; para posteriormente proceder al análisis de los Convenios Internacionales específicos, aplicables a la  responsabilidad por contaminación por hidrocarburos.

Las extraordinarias implicaciones económicas que los daños ambientales pueden llegar a presentar y las graves responsabilidades  que pueden derivarse de un uso abusivo de los recursos del Planeta o de una degradación irreversible del mismo, han llevado a los Estados a bloquear la mayoría de los intentos de desarrollar el Derecho Internacional en la materia.[6][6]

El Derecho Internacional del Medio Ambiente se configuró como un derecho sin sanción, recurriéndose en la práctica a una responsabilidad atenuada, soft responsability.[7][7]

Con el esbozo del principio rector en la materia, quien contamina paga, se comienza a considerar la obligación,  para quien realice un daño por contaminación al medio ambiente, de repararlo. Este principio corre el riesgo de ser mal interpretado, si se entiende quien pague tiene derecho a contaminar. Desde otro punto de vista puede contribuir a la prevención, ya que si los contaminadores potenciales son consientes de que en caso de contaminar deberán pagar por los daños causados, esto podría servir para incentivarlos a tomar todas las medidas

necesarias para evitar la  contaminación.  Además de evitar que terceros, no causantes de la contaminación deban pagar por ella. Sin embargo, en la práctica, no siempre paga quien contamina.

 

1.3.1) Responsabilidad Internacional por acto ilícito en materia ambiental:

         La responsabilidad en el Derecho Internacional, se puede clasificar en responsabilidad por la comisión de un acto prohibido por el Derecho Internacional, o  responsabilidad por la realización de actos no prohibidos por el mismo.

         Existe responsabilidad internacional por acto ilícito en materia ambiental, cuando se determina que el accionar de un Estado viola una obligación del Derecho Internacional, en cuyo caso, se  aplica el principio según el cual dicha violación, acarrea la obligación de reparar. 

En la práctica se acepta un  principio básico de Derecho Internacional, por el cual los Estados son responsables de los daños que causen  que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control.

Así, se establece que "los Estados deben asegurarse que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daño en el medio ambiente de otro Estado, o áreas fuera de la jurisdicción nacional[8][8]".

 

A su vez, "los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la Contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción[9][9]".

 

El Estado tiene la obligación de cesar todo acto dañoso, con la mayor rapidez posible, y de restablecer la situación que hubiera existido si ese acto no hubiera tenido lugar, y finalmente proveer una compensación por los daños ocasionados[10][10].

"Pese a las discusiones subsistentes, parece que existe acuerdo doctrinal entre la conducta estatal lícita e ilícita vienen marcados por el criterio de la debida diligencia, es decir, por el despliegue efectivo de una actividad suficientemente diligente para asegurar los objetivos establecidos por las normas internacionales relativas a la protección del medio ambiente. Existen zonas oscuras, sobre todo si se tiene en cuenta que las normas ambientales internacionales se caracterizan por su falta de concreción y por los demás elementos de fluidez propios de la esfera del soft law, al que pertenecen[11][11]".

 

Se contempla la figura del crimen ecológico internacional, la cual estaría constituida por determinados actos ilícitos de extrema gravedad, en violación de una norma de esencial importancia para la salvaguardia del ser humano y protección del medio ambiente y la existencia de una intención antijurídica del Estado responsable que busca producir un daño masivo al medio ambiente (dolo).

 

1.3.2) Responsabilidad Internacional por actos no prohibidos por el Derecho Internacional:

Con respecto a la responsabilidad de los Estados por daños ambientales resultantes de actos no prohibidos por el derecho internacional, es aquí donde podríamos situar a la responsabilidad por contaminación por hidrocarburos.

Debido a que la mayoría de las normas jurídicas en materia ambiental constituyen meras declaraciones, necesitan una posterior positivización. Pertenecen al llamado soft law, resulta entonces necesario que las actividades que en sí mismas son legales, pero que son esencialmente riesgosas y peligrosas, se encuentren amparadas por el establecimiento de una garantía extraordinaria, por lo cual es el Estado el que asume una responsabilidad objetiva por los daños que su accionar pudiera ocasionar, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

No hay que perder de vista que este tipo de actos no solo entrañan graves riesgos, sino que aportan grandes beneficios para quienes los llevan a cabo y no se consideran ilegales porque los beneficios superan los riesgos.

Es un tipo de responsabilidad objetiva o por el riesgo, independiente de la existencia de culpa o dolo por parte del autor del daño, simplemente es necesario que medie causalidad material entre la actividad y el daño.

Tiene una función reparadora, ya que satisface de un interés lesionado, y asimismo, una función preventiva, porque quienes realicen este tipo de actos, tendrán en cuenta que si provocan un daño, el costo que deberán pagar será mucho mayor que el que hubiera resultado por la adopción de las medidas precautorias necesarias.

 

1.3.3) Relación de causalidad:

A los efectos de una mejor comprensión de los motivos, por los cuales, el sistema de responsabilidad ambiental en la práctica no funciona, resulta conveniente destacar que el mayor inconveniente a la hora de atribuir responsabilidad internacional en materia ambiental, lo constituye la prueba  de la relación de causalidad, ya que como se mencionó anteriormente, para poder exigir cualquier tipo de responsabilidad civil ambiental, es necesario acreditar la existencia de una relación entre el daño producido y la acción u omisión imputada a quien causa el daño. Para una mayor comprensión del tema, luego de explicar sus principales inconvenientes, se detallarán algunas sentencias.

En la práctica resulta extremadamente difícil la prueba plena de la misma. En reiteradas ocasiones, la contaminación se disemina, se traslada a grandes distancias. Sus efectos pueden no sentirse en el momento de su producción, sino mucho  tiempo después. Otras veces la contaminación se produce como resultado de actividades de distintas partes, se pueden  acumular diferentes sustancias contaminantes, y que esto potencie a su vez los efectos dañosos de las mismas, o se puede reunir una mayor cantidad del mismo tipo de sustancia contaminante, pero procedente de un foco diferente. Por otra parte, el mismo contaminante no siempre produce las mismas consecuencias, ni éstas perduran el mismo tiempo, hay que tener en cuenta que factores climatológicos y naturales pueden influir sobre su impacto y ubicación, la luz solar,  el viento, las lluvias, los niveles de las aguas o mareas, entre otros. A su vez, dentro el mar, aumenta el grado de dificultad para acreditar la misma, debido a su gran extensión  y a la diseminación que se produce de las sustancias contaminantes.

Aunque se destaca que, "existen muchas dudas científicas en relación con el nexo causal, entre la exposición a la contaminación y el daño, y puede ocurrir que la parte responsable intente refutar las pruebas de causalidad presentadas por la parte perjudicada planteando otras posibles explicaciones científicas sobre el daño[12][12]".

 

Debido a la gravedad de la situación, hay quienes admiten la inversión de la carga de la prueba de la relación de causalidad, por lo cual, ante la dificultad existente, debe ser el demandado judicialmente, el que ha de probar que su actividad no ha provocado un determinado daño ambiental. En definitiva ninguna carga probatoria debería ser a cargo del perjudicado; otros autores en cambio, opinan que con esto se podría considerar violado el Principio de Presunción de Inocencia, pero que de todas formas es conveniente que el Juez atenúe el rigor de la carga del nexo causal[13][13]. Para lo cual, se ha admitido el sistema probatorio de la verosimilitud,  en reemplazo de una prueba absoluta y plena, se exige que el juez compruebe que el supuesto se adapta a un cierto grado de presunción, probabilidad o verosimilitud del nexo causal, requerido por la ley específica que regule el tema, o en caso de silencio de la misma, establecido por él. Otro sistema probatorio es el de admitir la prueba indiciaria.

Muchas veces es difícil concretar para el caso en que hubiera varias partes contaminantes, el aporte de cada una y su grado de responsabilidad.

Respecto de lo cual, se han pronunciado los jueces de los distintos Estados. Se destaca en Brasil una sentencia de primera instancia, del año 1.984, la cual fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Justiçia do Estado. Se responsabiliza al demandado, por el derramamiento de combustible de un barco, independientemente de que se comprueba la existencia de otros responsables por los daños, debido a las numerosas actividades contaminantes allí existentes. Este hecho no impidió que se responsabilizara al contaminador identificado. Se destaca que,  ante la existencia de multiplicidad de focos contaminantes, y  debido a la dificultad de determinar la responsabilidad, se justifica la regla del atenuante de la prueba del nexo causal, bastando que la actividad del agente sea potencialmente degradante para atribuirle la responsabilidad. Existe responsabilidad solidaria entre los distintos responsables[14][14].

 

Para el caso de España, se considera oportuno, distinguir tres sentencias  a partir de las cuales se demuestra su evolución jurisprudencia.

La primera es una sentencia del Tribunal Supremo del 19 de Junio 1.980. Se pretendió responsabilizar al armador de un petrolero, por los daños causados al titular de una mejillonera, en sus instalaciones, debido a los derrames producidos al hacer el trasvase de petróleo a una refinería. Pero como habían sido sancionados un gran número de buques, en esas fechas, por haber realizado vertidos al mar, el Tribunal Supremo, no consideró probada la relación de causalidad. Su fundamento radicó en que el daño cuyo importe se reclamaba no había sido causado exclusivamente, por los vertidos del buque citado, sino además por otros vertidos. Se absolvió al demandado porque se acreditó que otros buques pudieron haber contribuido a la producción del daño.

"Si se evidencia que los vertidos de petróleo del buque del demandado perjudicaron a las instalaciones del demandante, está probada la relación de causalidad, aunque otros buques hubieran llevado a cabo también vertidos en la bahía de La Coruña en las mismas fechas[15][15]".

       

En una posterior sentencia, con fecha Junio 14 de 1.982, el Tribunal Supremo, estableció que para el caso, en el cual,  una concurrencia de causas  hubieren producido el daño, se debe tener en cuenta la causa decisiva y determinante del mismo.

En una tercer sentencia del tribunal Supremo del 19 de Diciembre de 1.992, se establece que hay que observar en cada caso, si del acto que se presenta como la causa del daño, posee virtualidad suficiente para que del mismo se derive como consecuencia necesaria, el efecto dañoso producido. Para la acreditación de la relación de causalidad, se deben valorar las condiciones o circunstancias que el buen sentido señale, en cada caso, como índice de responsabilidad.

 

1.3.4) El daño ambiental:

Se considera importante a los efectos de determinar la responsabilidad y la cuantía de los daños, su definición. El daño ambiental, puede definirse como el daño que se produce sobre el patrimonio ambiental, afectando a la colectividad, como así también el que produce el medio ambiente, indirectamente, sobre los intereses legítimos de una persona determinada. Se configura cuando la degradación de los elementos que constituyen el medio ambiente o el entorno ecológico, adquiere cierta gravedad que excede los niveles guía de calidad, estándares o parámetros que constituyen el límite de la tolerancia que la convivencia impone necesariamente[16][16]. Es todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o sus procesos naturales, contraviniendo una disposición jurídica y que genera efectos negativos actuales o potenciales.

No hay acuerdo doctrinal sobre el objeto del daño ambiental, el grado a partir del cual un impacto puede considerarse tal daño,  quién tiene el derecho a decidir sobre estos aspectos. Pero debería abarcar los daños que se produzcan sobre el  conjunto los elementos bióticos y abióticos, y su interrelación.

Para que un daño sea indemnizable debe ser real, cierto e individualizado.

 

Una vez expuesto de forma descriptiva el sistema de responsabilidad internacional ambiental, y sus principales problemas, se procede a realizar el estudio en detalle de los principales convenios internacionales, leyes argentinas y españolas, y proyectos de normas comunitarias específicas sobre el tema de estudio, así como también,  otras cuestiones fundamentales para el entendimiento del sistema de responsabilidad por daños por contaminación por hidrocarburos.

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NOTAS:


[1][1] Vid, LOPEZ DE URALDE, J. "Demasiado Petróleo en el mar", Boletín Informativo de  Greenpeace Nº1, 1.998, P.26

[2][2] Según un estudio realizado por la Academia de Ciencias de los E.E.U.U., www.celam.org , P.3.

[3][3]  Ver, Informe de Greenpeace sobre Plataformas Petrolíferas en el Mar, www.greenpeace.es , P.3.

[4][4] Se define como todas las partes del mar no incluidas en la Zona Económica Exclusiva, en el Mar Territorial, ni en aguas archipelágicas de un Estado Archipiélago.

[5][5] Vid, MARQUES RUIZ, C. Problemas Internacionales del Medio Ambiente, Barcelona, 1.984, P.P. 156,157.

[6][6] Véase, RUIZ, J.J. Derecho Internacional Ambiental, Madrid, 1.999, P.103.

[7][7] Ibídem, P. 105.

[8][8] Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de Junio de 1.972, Principio Nº21.

[9][9] Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 14 de Junio de 1.992, Principio Nº13.

[10][10] Vid, KISS A., SHELTON D., International Environmental Law , 1.991, P.349.

[11][11]Vid, RUIZ J.J., Op. Cit. , P. 108.

 [11][12] Vid, "Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas  al Consejo y al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social: Libro Verde sobre Reparación del Daño Ecológico", Revista de Derecho Ambiental Nº11, 1.993, P. 150.

 [13][13] Vid,  CABANILLAS SÁNCHES, A. "La responsabilidad por inmisiones y daños ambientales: El problema de la relación de causalidad", Revista de Derecho Ambiental Nº6, 1.990, P.94

[14][14] Ver, LEME MACHADO, P.A. "Examen del Capítulo 2 correspondiente al resumen ejecutivo del proyecto PNUD Arg/97/024", Emergencia ambiental, hidrocarburos, compensación y desrrollo sustentable de la Provincia de Neuquén y su adecuación a la situación de hecho. 1.998, P.P.14, 15.

[15][15] Vid,  CABANILLAS SÁNCHES, A. "La responsabilidad por inmisiones y daños ambientales: El problema de la relación de causalidad", Revista de Derecho Ambiental Nº15, 1.997 , P.P. 35, 36.

[16][16] Vid,  "Emergencia ambiental, hidrocarburos, compensación y desarrollo sustentable de la Provincia de Neuquén", Resumen Ejecutivo, Argentina, 1.998, p.11.

 

 

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Última actualización de esta página: Jueves, 29 de Diciembre de 2005